Defensa

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Fuente: El Mostrador

La Presidenta de la República y su gabinete de seguridad conformado esencialmente por el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa; el Alto Mando de las Fuerzas Armadas; y los civiles que sostienen que la seguridad de la nación es un asunto militar y no una concepción estratégica global del país son los que perdieron esta guerra.

Seguramente existen matices sobre quien tiene más responsabilidad, pero en esencia, es el núcleo que deberá explicar por qué decisiones que debieran haberse adoptado hace años no han ocurrido hasta ahora. Es efectivo que las respuestas llevan una temporalidad que supera al actual gobierno y al alto mando de las Fuerzas Armadas y las de seguridad en ejercicio, pues se trata de una política de Estado. Pero cuando se habla de responsabilidades políticas y estratégicas las preguntas primero se hacen al mando actual, bajo la premisa que en estos temas, además, no existe  ni olvido ni prescripción.

Se ha comparado la fuerza del cataclismo del 27 de febrero con los efectos devastadores de un ataque militar masivo y por sorpresa hecho de manera indiscriminada sobre el territorio. En la práctica se trató de una fuerza natural incontrolable e impredecible, cuya acción debe empezar a contarse desde el minuto cero en que empiezan a manifestarse sus efectos. Es a partir de ahí que se cuenta la capacidad de reacción político-técnica sobre los sucesos. Y esta fue simplemente desastrosa.

El país quedó incomunicado desde el primer momento. El conductor político estratégico – en este caso la Presidenta de la República y los Ministros del Interior y Defensa- recurrieron a sistemas eventuales de comunicación, evidenciando que carecen de un mecanismo estratégico para situaciones de emergencia. El  relato de la Presidencia sobre su comunicación con la Isla Juan Fernández es sencillamente desolador para el Estado y su gobierno, pese a lo emocionante que pueda resultar.

La Presidenta y su gabinete de Seguridad, en especial ella y el ministro Pérez Yoma, tienen vasta experiencia en materia de seguridad a nivel integral por haber sido ministros de Defensa en su época. Más aún, todos recuerdan a la Ministra Bachelet vestida de militar arriba de un carro Mowag del Ejército en las calles de Santiago y sus promesas sobre el tema seguridad al asumir su gobierno. El resultado es menos que poco.

Quienes desarrollan sus capacidades profesionales como lo hacen los militares en simulaciones  de escenarios de guerra, saben que la comunicación es una variable clave para efectivamente ejercer las otras dos funciones críticas que son el comando de la fuerza propia y el control máximo de los recursos y los daños.

Es el famoso 3C-I (Comando, Comunicación y Control más Inteligencia) que hace racionales y eficientes los medios militares. En este caso, en las primera 48 o 72 horas no hubo nada de eso. Más aún, si bien lo militar no era la línea de responsabilidad inmediata, ante la magnitud de lo ocurrido y por las funciones de la Armada a través del SHOA en los mecanismos de emergencias, el dispositivo de comunicación estratégica militar debiera haberse activado de inmediato. Al menos para evitar la orfandad de medios de comunicación de la Presidencia.

La conclusión es que si no se activó es porque no existe o simplemente está montado sobre los mismos canales que usa la población y que dejaron al conductor estratégico y a la fuerza de tarea tan incomunicados como cualquier persona del país.

No se puede improvisar un sistema de comunicación estratégica. Se requiere un criterio político y una acción sostenida en materia técnica y financiera de años. Es eso lo que no han hecho ni los gobiernos de la Concertación ni hicieron los militares, considerando que ellos gobernaron de facto 17 años, y que además terminaron privatizando la única base técnica sobre la cual se había estado trabajando muchos años antes.

El terremoto y maremoto de 1960 generaron en el país la convicción de que la incomunicación de las zonas devastadas no podía volver a producirse. A raíz de ello, el presidente de la época, Jorge Alessandri Rodríguez, creó el Comité Consultor de Telecomunicaciones al amparo de CORFO para dar una solución al tema. De esa iniciativa en 1964 surgió ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) que emprendió una tarea con estándares técnicos para enfrentar catástrofes. Es decir, la infraestructura de comunicaciones debía ser capaz de enfrentar siniestros, terremotos o situaciones de guerra como bombardeos, sin que el país quedara incomunicado.
Cuando los militares privatizaron ENTEL en 1986 ese impulso se perdió, y lo hecho fue absorbido por una lógica de mercado cuya principal preocupación no era precisamente la comunicación estratégica para el gobierno. Las transmisiones de TV sobre el siniestro desde Talca y Concepción han sido posibles gracias a los restos de esa antigua infraestructura, las que todavía no experimentan el total desmantelamiento de la lógica de mercado precisamente por la manera en que fue construida.

La deficiencia de concepto del gobierno en esta materia ha quedado al desnudo. Los sucesivos gobiernos de la Concertación han terminado por politizar los altos mandos cuya carrera termina ahora como parlamentario o candidato a ministro o subsecretario, y la incompetencia de sus autoridades sectoriales ha hecho que se pierda un tiempo precioso para trabajar seriamente en la agenda profesional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Los mandos militares a su vez, han vivido en la defensa de sus fueros corporativos y en la autonomía funcional de las instituciones. La forma como se resolvió el Estado Mayor Conjunto mediante una reciente ley es el mejor ejemplo de la nada misma y la cosa ninguna, mientras del automatismo de la Ley Reservada del Cobre sirve para comprar cosas que nunca vamos a usar.

En la oposición, que ahora es  gobierno electo, la situación no es mejor. Se ha dedicado a cabildear desde septiembre del año pasado la posibilidad de designar un alto mando militar en ejercicio en la Subsecretaria de Defensa recién creada. El criterio de quienes impulsan la idea es que la delicada situación estratégica amerita devolver la defensa a los profesionales.

Luego de lo ocurrido la pregunta para ellos sería ¿a cuáles profesionales? pues ha quedado en evidencia que aquí nadie ha hecho la tarea.  Organismos  como el Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM) o la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), parte de cuyo elenco profesional habría estado en los cabildeos mencionados, debiera abocarse a la agenda profesional y no a la política contingente.

La enorme cantidad de problemas que deberemos resolver como país no debe cegarnos de la obligación de dejar desde ya ciertas cosas en claro. Aquí se perdió una guerra que tiene dimensiones objetivas a partir de la ineficiencia  y  falta de liderazgo civil, y el mal enfoque y los errores profesionales en el diseño de los mecanismos técnicos.

Tenemos aviones F-16, submarinos y carros de combate (que esperamos estén intactos después del siniestro) que no sirven para nada en esta emergencia porque están diseñados para otra cosa, y porque no hubo comunicación estratégica.  Esa es  información cruda de inteligencia para eventuales adversarios derivada de la incompetencia de esos niveles: Chile se quedó sin mando estratégico real entre 48 y 72 horas.

Pero hay también un problema de imagen país y autoestima. La fotografía de la Presidenta Bachelet recibiendo un celular satelital de la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton podría ser el ejemplo de alguien que sale en las páginas sociales porque compra vehículos Mercedes Benz para ir a  la feria pero no tiene plata para pagar las lechugas. ¿Nunca alcanzó para 500 teléfonos satelitales que es la red básica para cubrir todo el país?

Tenemos Teletón en marcha y una cadena de solidaridad a la cual todos concurriremos bajo el lema  Arriba Chile o similares. Y seguramente saldremos adelante y cumpliremos las metas. Nadie puede vivir entre escombros ni menos dejar que el espíritu del despojo se apodere de nuestra sociedad.

Pero responsabilidades políticas y técnicas hay, y los que saben que las tienen debieran tener la valentía de afrontarlas de la manera que corresponde. Es obvio que tienen que seguir trabajando y tratar de hacerlo mejor, para eso les pagan y bien. Pero cuando se está en la cadena civil-militar de mando hay responsabilidades mayores que se afrontan de inmediato, como el relevo del mando. No todo son juegos y simulaciones con  soldaditos de plomo. Aquí se perdió una guerra y punto.

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Fuente: La Nación del Domingo

El eventual nombramiento del actual comandante en jefe del Ejército en la Subsecretaría de Defensa ha alimentado el debate en torno a si es adecuado que un militar de alto rango asuma un cargo netamente político, y a dos días de haber dimitido. Si bien en La Moneda han puesto paños fríos a la situación, argumentando que se trata sólo de “especulaciones”, no sólo en la Concertación creen que éste sería un nombramiento inconveniente.

Durante la semana, el misterio que se ha levantado en torno al nombramiento del primer subsecretario de Defensa ha sido caldo de cultivo para las especulaciones. El nombre del actual comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, ha sonado fuerte y en la Concertación temen que Sebastián Piñera esté esperando el momento oportuno para dar el gran golpe. Justamente, Izurieta tiene contemplado dejar el mando el 9 de marzo, dos días antes de que el nuevo gobierno se instale en La Moneda por los próximos 4 años.

El martes pasado, durante la ceremonia de investidura del general Cristián Le Dantec como primer jefe del Estado Mayor Conjunto, el ministro de Defensa designado, Jaime Ravinet, aseguró haber entregado al Presidente electo una lista con cinco aspirantes a la nueva subsecretaría. Hasta ahora, sólo otros dos nombres se han filtrado a la prensa. Se trata del general (R) Juan Emilio Cheyre y del ingeniero comercial y miembro de la Comisión de Defensa de los grupos Tantauco, Guillermo Pattillo, carta civil que fue propuesta por Renovación Nacional.

Expectación también genera la implementación que hará la administración piñerista de la recientemente promulgada Ley 20.024. La nueva norma, tramitada desde 2005 en el Parlamento y finalmente aprobada el 22 de diciembre del año pasado con 84 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, reestructura las bases del Ministerio de Defensa en forma radical. Desde un principio, apuntó a diseñar un ministerio mejor organizado, con funciones claras y mecanismos de control y transparencia que entreguen a la defensa nacional una organización acorde con las necesidades y desafíos que demanda el nuevo ambiente de seguridad regional e internacional.

En resumidas cuentas, la iniciativa entrega al Jefe de Estado la facultad para disponer de las Fuerzas Armadas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional. Bajo este contexto, se creó la figura del Estado Mayor Conjunto, órgano de trabajo y asesoría permanente del ministro de Defensa en materias que tengan relación con la preparación y empleo conjunto de las Fuerzas Armadas y las instituciones civiles involucradas. Además, fueron puestas fuera de servicio las antiguas subsecretarías de Ejército, Marina y Aviación. En su reemplazo, prontamente comenzarán sus funciones la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, otorgada al diputado RN Alfonso Vargas, y la de Defensa, actualmente en el ojo del huracán. La primera se encargará de los asuntos netamente administrativos y la segunda, de articular y planificar las políticas globales del sector e integrarlas en el conjunto del Estado.

El espíritu de la norma se sustenta en el trabajo coordinado. La participación de civiles y militares fue regulada con el fin de encontrar el equilibrio necesario. Desde el comienzo, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet pretendió establecer el control civil y democrático de los asuntos relativos a la seguridad nacional, al más puro estilo de los países desarrollados.

Sin embargo, la mayor prueba está por venir. Por más de 20 años, los gobiernos de la Concertación han buscado la forma de acoplar progresivamente a las FFAA al contexto de la democracia y la posibilidad de que un ex comandante en Jefe del Ejército ocupe un cargo político de importancia en un gobierno de derecha alimenta la desconfianza.

Mientras Piñera guarda silencio agudizando la expectación, las voces que rechazan la posibilidad de que un ex jefe militar ocupe un puesto de este tipo se han hecho notar. Si bien después de su dimisión, Izurieta pasaría a tener la condición de civil, para muchos su designación afectaría directamente el espíritu de la nueva ley que rige la defensa nacional: la primacía del poder político por sobre el militar.

La hora de las contradicciones

Y lo sigue negando. Desde el Regimiento Buin, donde la mañana del jueves condecoró a la Presidenta Bachelet con la Gran Cruz Ejército Bicentenario -galardón creado recientemente y que reconoce la labor de la Mandataria en materia de Defensa y el apoyo brindado a la institución durante su administración- el general Izurieta desmintió todo vínculo o conversación con el círculo de hierro de Sebastián Piñera. De hecho, fue enfático en señalar a Radio Bío Bío que “ni el Presidente electo ni persona alguna de su entorno ha tomado contacto conmigo hasta la fecha”.

Sin embargo, sus declaraciones no ayudaron a calmar las aguas. Independiente a que en La Moneda se alinearan con los dichos emitidos en el transcurso de la semana por el titular de Defensa, Francisco Vidal, con el fin de desestimar todo tipo de “especulaciones”, varios parlamentarios de la Concertación no dudaron manifestarse al respecto.

Sin necesidad de confirmaciones, el diputado DC Renán Fuentealba señaló a LND que, con esta designación, el actual comandante en jefe del Ejército “está adscribiendo a un proyecto político de derecha”, y con esto “implícitamente está involucrando al Ejército en lo mismo”. Además, el vicepresidente de la tienda falangista se refirió a las características propias de la Subsecretaría de Defensa, afirmando “que es un organismo sustancialmente político, por lo que el cargo de subsecretario debe ser ejercido exclusivamente por un civil”. Además, no tuvo tapujos en recalcar que “esta ha sido la doctrina que hemos tratado de imponer durante estos 20 años: que en general, el Ejército y las Fuerzas Armadas se dediquen a sus labores profesionales sin meterse en política”, enfatizó.

Pero, para sorpresa de muchos, en el oficialismo las opiniones no son uniformes. El también miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el PPD Jorge Tarud, se mostró bastante optimista frente al tema. “Sin duda, creo que Izurieta sería una buena nominación. Me parece que es una persona muy competente y bastante compenetrada con estos aspectos. Además, ha desarrollado una muy buena Comandancia en Jefe”, destacó. A su vez, en el caso de que Juan Emilio Cheyre sea el elegido, Tarud declaró que tanto él como Izurieta “han cumplido las metas que le han puesto los gobiernos de la Concertación. En consecuencia, ellos han tenido un buen desempeño en su labor como comandantes en jefe apegados a la democracia y -por lo tanto- creo que tendrían una función muy profesional, no comprometida con ningún partido político”.

En la otra vereda, la opinión del diputado UDI por Curicó Sergio Correa de la Cerda terminó por romper todos los esquemas. Si bien asegura no tener ninguna duda en que “los que más pueden saber sobre temas de Defensa son los que alguna vez ocuparon el cargo de comandante en jefe del Ejército”, cree que el puesto en la nueva subsecretaría debe ser ocupado por un civil. “Ya tuvimos tristes experiencias cuando los cargos de ministros y subsecretarios fueron ocupados por funcionarios militares en ejercicio, por lo que creo que no es bueno mezclar las cosas”, declaró después de argumentar que, en el momento de su posible designación, Izurieta será un civil de a pie como cualquier otro.

Decisión poco conveniente

Desde un punto de vista superficial, la principal piedra de tope que tiene la eventual designación política del general Óscar Izurieta pasa más bien por un asunto de calendario. Una especie de foul técnico provocado por las 48 horas que hay entre su anunciada dimisión y el arribo definitivo del gobierno entrante. Pero esto sólo sería la punta del iceberg. Para algunos, las implicancias que conlleva esta situación superan las barreras del tiempo y de la experiencia por años de servicio.

Para el cientista político y profesor de la Universidad de Chile Guillermo Holzmann, la designación de un ex comandante en jefe como cabeza de esta nueva magistratura “constituye una debilidad de nuestro proceso democrático”. Esto, porque “el actual diseño de la política de defensa nacional supone la integración entre los distintos elementos que convergen en ella, los que requieren de una orientación política para asegurar -por ejemplo- una adecuada distribución y uso eficiente de los recursos”. También el analista apunta que esta nueva estructura en Defensa ”está permitiendo que Chile se integre a las ligas mayores a nivel internacional”. Por ello, plantea que el nombramiento de la actual líder castrense “indicaría un mayor énfasis en el factor militar y no apuntaría al contexto más amplio que el país necesita en esta materia”.

Por otro lado, y pese a la excelente opinión que tiene sobre la gestión realizada por el general en cuestión, el senador PS Jaime Gazmuri si bien confirma que no existe ninguna inhibición desde el punto de vista constitucional para que Izurieta asuma como subsecretario de Defensa, sostiene que en el marco del proceso de modernización de esta cartera “no es recomendable que pase de un día a otro de la Comandancia en Jefe a un gabinete político, dada la historia que hemos tenido durante los últimos 20 años y los avances que hemos logrado para desligar a las instituciones militares de la política partidista”.

A la vez, Gazmuri reconoce no tener mayores reparos en que ex miembros de las Fuerzas Armadas ocupen puestos en el servicio público. Sin embargo, y consecuente al trabajo realizado por los gobiernos de la Concertación en este ámbito, asegura que “actualmente se está culminando un proceso largo y exitoso, después de una sobrepolitización de las Fuerzas Armadas durante la dictadura”, por lo que la llegada de Izurieta al gobierno de Sebastián Piñera “sólo produciría una nube en un cielo que está bastante despejado”, concluyó.

El factor Pattillo

Se ha hablado tanto del general Izurieta, que Juan Emilio Cheyre y Guillermo Pattillo han pasado casi inadvertidos. Sobre todo este último, el único de los tres postulantes que no posee experiencia en paradas militares. Este académico de la Universidad de Santiago, ingeniero comercial de profesión y miembro del equipo de los grupos Tantauco, tuvo participación directa en la elaboración del programa de Defensa de Sebastián Piñera. Sin haber usado nunca tenida de combate ni calamorros, Pattillo es la carta de RN para la Subsecretaría de Defensa.

Si bien LND logró pactar una entrevista telefónica con el aludido, finalmente decidió no contestar.

Según Guillermo Holzmann, Pattillo representaría una de las mejores opciones para asumir el cargo. “Es una persona que posee todas las capacidades y los estudios necesarios para desempeñarse en esta área y al tener la condición de civil, posee un perfil mucho más cercano a lo que se requiere para cumplir como subsecretario de Defensa”, señaló.

Pero para Jorge Tarud, los títulos académicos y el desarrollo de investigaciones en torno a este tema no tendrían mucha relevancia. El diputado por la Región del Maule enfatizó que es más partidario de que el puesto de subsecretario lo desempeñe “una persona que realmente conozca las necesidades y proyecciones que a futuro se deben hacer en Defensa más allá de la teoría”.

Tomás Dubal, miembro del Instituto Libertad de RN y compañero de Guillermo Pattillo en la Comisión de Defensa de los grupos Tantauco, es más conciliador y asegura que no le gusta resaltar los perfiles por sobre las capacidades. Si bien el historiador y analista electoral cree que su camarada “posee un gran conocimiento”, el resto de las cartas que baraja Piñera “tienen capacidades de sobra” para desempeñarse sin problemas como subsecretario de Defensa. “Y eso es lo que finalmente importa”, agregó. //LND

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Fuente: La Nación

El comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta,quiso dejar en claro que está abocado un ciento por ciento a sus responsabilidades institucionales y que no ha sostenido contacto alguno con personeros del próximo gobierno para ocupar algún cargo como la Subsecretaría de Defensa.

“Ni el Presidente electo, ni persona alguna de su entorno ha tomado contacto conmigo hasta la fecha”, dijo el general Izurieta.

Indicó que “quiero dejar diametralmente claro, como comandante en jefe, que estoy dedicado ciento por ciento a las actividades profesionales del Ejército hasta el día 9 de marzo que corresponde el cambio de mando”.

Hace días corrió la versión de que Izurieta, junto al ex jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, eran posibles figuras para ocupar la Subsecretaría de Defensa.

Sobre el rumor, la próxima vocera de gobierno, Ena von Baer, dijo que “no se ha tomado ningún contacto, el Presidente electo es el que toma las definiciones y él no ha tomado ningún contacto. El cargo está todavía en proceso de designación”.

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Fuente: Blogs de La Tercera

El futuro quehacer del gobierno electo y el debate sobre los ministros han copado titulares. En Defensa, se ha especulado más acerca de la nominación del ministro que de los desafíos que enfrenta el sector. Es el único ministerio que deberá fundir tres subsecretarías (Guerra, Marina y Aviación) en una, la de las FFAA; crear otra de extrema complejidad con nuevas tareas: la poderosa Subsecretaría de Defensa, y mantener transitoriamente otras dos: Carabineros e Investigaciones.

La agenda política pone acento en otros temas más apremiantes. Sin embargo, la normalidad que un país requiere para su desarrollo se sustenta en políticas de exterior y de defensa sólidas y concordantes. Es tiempo de profundizarlas si Chile aspira a ser un actor regional y del mundo globalizado, abordando algunas tareas pendientes.

Para este efecto, contar con FFAA profesionales, apolíticas y eficientes, como las actuales, es una condición indispensable. A diferencia de otras transiciones, se ha despejado el temor a asonadas; el sector castrense asumió sus responsabilidades en las violaciones de los DDHH; las instituciones y su personal son vistos como patrimonio de todos los chilenos y gozan de un alto índice de credibilidad y confianza. Chile debe valorar tales avances.

Otro activo es el nivel de transformación de las FFAA y, más recientemente, la promulgación de la ley que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional. Aquí está una de las situaciones más complejas que enfrentará la nueva administración. Las instituciones avanzaron antes y más rápido que el órgano llamado a coordinarlas. La ley, estancada desde 2005, se destrabó en los últimos meses. Su contenido adolece de carencias como la indefinición de la duración del nuevo cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto y el no dotarlo de un rango adecuado a su papel. Sin atentar contra la institucionalidad ni el mando de los comandantes en jefe, debería otorgársele el nivel y respaldo a quien ejercerá la coordinación en temas de planificación, el mando en tiempos de crisis o guerra y la relación internacional con pares dotados de un mayor grado e investidura.

Por otra parte, la ley se discutió como una norma aislada de otros proyectos complementarios a la modernización de la defensa. Entre éstos, el sistema de financiamiento de las FFAA. Este debería asegurarles un presupuesto que no arriesgue el alto nivel operacional y el sofisticado equipamiento adquiridos en los últimos años, proveyéndoles, con certidumbre y alejado de toda contingencia política, los recursos para su sostenimiento.

También se encuentra pendiente el estudio de un nuevo sistema de carrera profesional, que asegure un aprovechamiento más eficiente del recurso humano, alargando su servicio activo. Asimismo, es de toda justicia enfrentar los problemas del sector pasivo, que sufre los efectos de pensiones que se han deteriorado sostenidamente.

Mucho se ha avanzado en defensa. Las FFAA han logrado una capacidad militar inédita en su historia. El desafío es traspasar el umbral de la teoría a una fuerza armada totalmente conjunta, que requiere implementar complejos sistemas de interacción estratégicos, operativos, logísticos y de gestión.

La tarea en defensa parte con una base sólida. Consolidarla y completarla requiere urgencia, creatividad y conocimientos. Dar forma al ministerio y asumir, entre otras, estas tareas resulta vital. Su logro exige consensos alejados de cualquier sesgo y también convocar a los mejores en un sector que, para muchos, ha sido poco atractivo, cuando no desconocido o ignorado.

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Fuente: www.elmercurio.cl

Señor Director:

En la sección La Semana Política del 14 de febrero, incluida en las páginas editoriales del medio que usted dirige, se comenta mi afirmación de que la designación de Jaime Ravinet como ministro de Defensa es garantía de la continuidad de una política de Estado. A este respecto, se señala que políticas impulsadas por mí durante la tramitación de la nueva Ley del Ministerio de Defensa podrían haber tenido “consecuencias negativas para el sistema chileno de disuasión”. En referencia a estos juicios me parece necesario aclarar lo siguiente:

En primer lugar, se debe recordar que este cuerpo legal fue ingresado a trámite en el Parlamento precisamente por Jaime Ravinet, por iniciativa del Presidente Ricardo Lagos. En ese proyecto original, la figura del conductor estratégico era asumida por uno de los Comandantes en Jefe en ejercicio, es decir, se asumía que la jerarquía de la figura debía ser la de un oficial de cuatro estrellas. Finalmente, en la discusión parlamentaria se decidió cambiar esta fórmula, ya que se estimó que presentaba vulnerabilidades al generar un cambio súbito de atribuciones en un momento crítico, entregando además una señal internacional potencialmente equívoca.

En segundo lugar, la figura del Jefe de Estado Mayor conjunto como un oficial de cuatro estrellas fue acordada por parlamentarios de todas las tendencias políticas en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Por eso, en buena medida, el trabajo realizado en el Senado se basó en explicar y promover este consenso transversal. Cabe recordar que también en el Senado esta figura fue respaldada por parlamentarios de los partidos de la Alianza por Chile.

En tercer lugar, debe entenderse que la figura propuesta se adaptó a lo que constituye la teoría y praxis en materias de Defensa en todo el mundo. Si bien es necesario que todo principio técnico sea compatibilizado con la realidad propia de cada país, señalar que ésta habría tenido efectos negativos para el sistema de disuasión chileno es, a lo menos, un signo de desconocimiento en estas materias. En este sentido, debe entenderse que las tres estrellas del Jefe de Estado Mayor conjunto son el producto de una negociación política, y no de una deliberación técnica. Y en esta negociación se ha buscado preservar los aspectos positivos de la orgánica anterior, pero introduciendo cambios indispensables para un instrumento moderno de la Defensa Nacional.

Finalmente, al señalar la conveniencia de que la Política de Defensa tuviera cierta continuidad, en tanto política de Estado, busqué precisamente precaver situaciones como las expresadas en el texto publicado, que sitúa a las materias de Defensa dentro de una perspectiva ideológica, soslayando principios que han surgido de grandes consensos nacionales y del trabajo mancomunado entre civiles y militares. No hacerse cargo de las particularidades del sector Defensa y sus políticas encierra el riesgo cierto de afectar el desarrollo y evolución de sus instituciones, con el consecuente daño a los intereses permanentes de Chile. En esa perspectiva, más que representar la voluntad expresada en las urnas, se estaría dañando los bienes que son garantía de paz para todos los chilenos. Y en esa línea, el que pierde es el país.

Francisco Vidal Salinas
Ministro de Defensa Nacional

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Fuente: Reportaje de La Tercera, Juan Cristóbal Villalobos.

Desde su sorpresiva derrota como candidato a alcalde, en octubre de 2008, Jaime Ravinet había desaparecido de la escena política. Rehuía cualquier contacto con la prensa y nunca más se le vio por los pasillos de la DC, partido en el que había militado por casi 50 años. Sin embargo, en un par de horas, el ex edil de Santiago y ex ministro de Ricardo Lagos volvió al primer plano, protagonizando un hecho político que si bien era uno de los fantasmas más recurrentes de la Concertación, se veía como un imposible: que una de sus figuras emblemáticas se integrara a un gobierno de la Alianza. Fiel a su estilo directo, Ravinet da su primera entrevista revelando detalles de su emblemática derrota en Santiago, de su progresivo alejamiento de su partido y de su debut como ministro piñerista.

Sebastián Piñera buscó figuras concertacionistas para proyectar la imagen de gobierno de unidad y le costó fichar a alguien ¿No se ha sentido utilizado como símbolo?
Sin duda que mi designación es un símbolo. Piñera tuvo mucho coraje, porque me imagino que a algunos en la UDI y RN les habrá causado escozor mi nombramiento. Sin embargo, nunca me he sentido utilizado ni tampoco me veo como el “negrito de Harvard” del nuevo gobierno.

¿Cómo han sido sus primeros días en el gabinete?
Bien, me he integrado sin prejuicios. En las reuniones me siento como en el primer día de clases, me imagino que así debe haber sido cuando empezó el gobierno de Aylwin.

¿No le complica compartir el gabinete con ministros UDI?
Nada, de hecho, los gobiernos de la Concertación que yo admiro siempre llegaron a acuerdos con RN y la UDI. Algunos critican que Cristián Larroulet haya participado del gobierno militar. ¡Pero, por favor, si fue jefe de gabinete del ministro de Hacienda! Esto es como cuando persiguen a alguien que, siendo subteniente, le tocó cargar cuerpos de los fusilados.

¿Conocía las propuestas de Piñera en Defensa?
Recién el lunes me junté a conversar con él durante tres horas. Confieso que sólo después de que Rodrigo Hinzpeter me preguntara por mi disponibilidad para integrar el gabinete, me metí a la página web del comando para leer el resumen del programa en Defensa. Hasta ahora, es lo único que he podido hacer, porque no he tenido minuto para informarme más.

¿Y le bastó con ver la página web para tomar una decisión tan crucial?
Existe afinidad entre los programas de Frei y Piñera y por eso creo que habrá continuidad en lo hecho por los gobiernos concertacionistas.

¿Le costó aceptar?
No, porque el Presidente me invitó a ser parte de una administración que necesitará de acuerdos transversales. Piñera, al igual que Aylwin, Frei y Lagos, va a tener que gobernar con un Congreso donde no tiene la mayoría. Me parece razonable que así como en su momento la Alianza permitió que se llegara a acuerdos importantes para el país, ahora, al menos la DC, apoye a Piñera y haga una oposición constructiva y transversal.

Muchos no entienden por qué usted, que ya había sido titular de Defensa y había tenido una trayectoria política destacada en la Concertación, se suma a Piñera y en el mismo cargo.
Siento que habla bien de mí el que reconozca que voté por Frei, pero que ahora apoyo a Piñera, debido a que estoy convencido de que si al gobierno le va bien, le irá bien a Chile. Por eso dedicaré mi tiempo y vocación a Chile, aunque eso signifique un perjuicio económico para un empresario como yo. Para mí estar en política es un sacrificio, yo no vivo de esto.

Por otra parte, acepté ser ministro para dar una señal de molestia por la posición obtusa que han asumido los partidos respecto al llamado de unidad nacional y a los acuerdos que ha hecho el Presidente Piñera. Para mí, es muy importante demostrar que hay gente que, pese a que fue concertacionista, está dispuesta a generar acuerdos para que a la nueva administración le vaya bien. Cuando la DC dijo que si alguien asumía funciones en el gobierno quedaba automáticamente expulsado, confieso que tuve ganas de renunciar, incluso pensé hacerlo en forma abstracta, antes de aceptar este ministerio. Fue una aberración y una decisión muy tonta, decimonónica y absurda. Con esa actitud, el partido me hastió…

No hubiera aceptado un ministerio más político, entonces.
No hubiera asumido en Vivienda ni Interior, donde se necesita una identificación política total con las políticas de la Alianza, algo que yo no tengo. Sin embargo, me parece muy legítimo aceptar si te ofrecen Defensa o Cancillería, porque son carteras en las que hay que desarrollar una política de Estado y transversal. Yo estuve sólo un año y medio en esta cartera durante el gobierno de Lagos y me quedé con gusto a poco. Siento que si hubiera estado un par de años más habría logrado avanzar en los puntos hoy pendientes, por eso agradezco esta nueva oportunidad.

¿Al unirse al gobierno sepulta sus aspiraciones presidenciales?
Mis ganas de ser presidente, como las tenía hace 15 años, están totalmente out. Siento, después de quedarme sin partido, que mi vida política está acabada. No tengo ninguna aspiración más allá de este ministerio.

¿Se sintió frustrado por no haber sido presidente?
Sí. Esa aspiración murió el 2004 cuando acepté ser ministro de Defensa de Lagos y salí del ruedo de los candidatos presidenciales.

¿Cree que la Concertación aceptará el llamado a implementar la democracia de acuerdos?
Hablar de la Concertación hoy es casi un eufemismo, yo prefiero referirme a la DC. He visto una actitud muy constructiva en senadores como Andrés Zaldívar y los hermanos Walker, por lo que espero que con el respaldo de ellos estos acuerdos se materialicen.

¿La DC podría acercarse a la Alianza?
Yo aspiro a que la DC se abra y que sea un factor de apoyo para que Chile surja. La Concertación está acabada, por eso lo que le corresponde a mi ex partido es hacer una profunda reflexión sobre su futuro y armar una política de pactos, que no esté marcada por coyunturas electorales, sino que por afinidades programáticas

¿Cree que otros DC seguirán sus pasos y se unirán al gobierno?
Estoy dando una señal a muchos camaradas que trabajan en el sector público.

¿Convocará a gente de su ex partido al ministerio?
Yo acostumbro a mantener los equipos que ya están trabajando. Independientemente de eso, me gustaría que otros DC se integren al gobierno.

¿Usted siempre se sintió como el derechista de la DC?
Toda la vida y desde muy joven, y yo feliz porque soy lo que soy. Siempre he sido muy cercano ideológicamente a personas como Piñera, Andrés Allamand y Alberto Espina, así como también a gente del PPD y del PS. Siento que tengo mucho más que ver con ellos que con un DC que mantenga una mirada estatista. En ese sentido, Piñera es lo más de centro de la Coalición por el Cambio, así como Frei, yo y otros éramos los más de centro de la Concertación.

¿Cómo se ha tomado las fuertes críticas que recibió de su partido? Juan Carlos Latorre lo calificó de “oveja negra”.
Después de 50 años de vida pública los cuestionamientos me duelen dependiendo de donde vengan. Latorre vive en conflicto, por lo que no me extrañan sus opiniones. Yo lo conozco desde joven, cuando yo era presidente de la Fech y él era parte de mi equipo. Desde entonces que alegaba por todo, por eso no me sorprende que siga reclamando 50 años después (risas). Son frases hirientes, sin duda, pero ya tengo el cuero duro.

¿Algunos ex camaradas lo han llamado para reprocharle su decisión?
Me han criticado, en términos muy fraternos, Ignacio Walker y Jorge Burgos. Con ellos tengo una visión distinta sobre el futuro del partido: ambos creen que la DC es salvable y yo tengo mis serias dudas de que sea así. Para mí, el partido va en franca caída; hoy tiene solo el 14%, es decir, el equivalente al apoyo que tenía el partido el año 61. Es terrible este afán de la directiva de ir “cortando” a los militantes críticos como si fueran salame, para así quedarse con un grupo minúsculo de puros amigos e incondicionales.

¿Le dolió tener que renunciar?
Yo esperaba más racionalidad y que me hubieran pedido congelar mi militancia -a lo que yo estaba dispuesto- en vez de hacerme renunciar. Pero cuando te ponen la “espada de Damocles” en la cabeza y te dicen “si no renuncias te echamos”, no te dejan opción.

¿Discrepa de las decisiones políticas tomadas por su ex partido?
Obviamente, la DC se ha ido izquierdizando de manera muy populista. Yo no comparto posturas como reestatizar la educación pública o mantener el Estatuto Docente. Tampoco considero que haya que endurecer la negociación colectiva ni subir los royalties a la minería. No estuve de acuerdo con que se hiciera un pacto con el PC, ya que eso nos alejó del centro sin ningún beneficio electoral.

¿Le costó votar por Frei?
No, yo admiro su tesón y paciencia, aunque no compartí su izquierdización al pedir más Estado. Eso contradecía su trayectoria política y su gestión presidencial. Sin embargo, por lealtad a mi ahora ex partido, voté por Frei, en primera y segunda vuelta.

Municipal 2008
¿Cómo se sintió luego de su derrota en la municipal del 2008?
Yo recibí una paliza por ser una cara antigua y por ser el símbolo concertacionista en un momento en que la gente quería renovación y cambio. A estas alturas, reconozco que Ximena Rincón -quien compitió conmigo por ser la candidata DC por Santiago- debería haber postulado.

¿Se deprimió?
No me deprimí, pero fue un golpe fuerte al ego. En la campaña me percaté de que la DC tenía enormes problemas internos, así es que cuando perdí, lo asumí y pagué la cuenta renunciando al consejo nacional del partido.

¿Se sintió abandonado por su partido?
No solamente abandonado, sino que también injustamente criticado, pero cuando uno pierde debe saber callar y asumir su responsabilidad.

¿Quiénes lo criticaron?
La directiva obviamente y los opinólogos, como Eugenio Tironi y compañía. Como esa gente se gana la vida escribiendo columnas tienen que criticar para mantenerse vigentes.

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Fuente: La Tercera

La promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa y el nombramiento del  Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, marcan un paso significativo en el proceso de modernización de la organización de las FFAA chilenas.

Estos cambios facilitarán el ejercicio de la responsabilidad que cabe a las autoridades civiles sobre las FFAA, lo que fue destacado por la Presidenta Bachelet en la ceremonia efectuada la semana anterior en el Palacio de La Moneda. No obstante, ha quedado en evidencia que el texto legal adolece de vacíos e imprecisiones, especialmente en la creación del nuevo cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMC), que hacen indispensable introducir prontamente los ajustes necesarios.

Esta ley establece una regulación general del Ministerio de Defensa, supliendo así el vacío que existía al respecto, recogiendo en su contenido las tendencias actuales en lo referente a la optimización de las FFAA en su diseño y gestión.

Hasta ahora, la autoridad ministerial se ejercía a través de subsecretarías especiales para cada rama, lo que generaba compartimientos estancos entre ellas. La nueva ley cambia esa división por una Subsecretaría de Defensa y una Subsecretaría de Fuerzas Armadas: a la primera le corresponderá el diseño de las políticas de defensa y la evaluación de los proyectos para llevarlas a cabo; mientras que la segunda asumirá la gestión administrativa en relación al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. En este diseño está implícita la separación entre el área responsable de los aspectos más técnicos del manejo de las FFAA, y aquella más vinculada a la definición de las políticas.

La otra modificación relevante que contiene el proyecto, y que motivó mayor controversia en la discusión en el Congreso, fue la creación del cargo de JEMC, que recaerá en un oficial general de una de las tres ramas de las FFAA, con un rango inferior a los comandantes en jefe de cada rama. A este cargo le corresponde desempeñarse, en tiempos de paz, como “asesor directo e inmediato” del ministro de Defensa  en todo lo que diga relación con el desarrollo y preparación de las FFAA. En caso de guerra, debe asumir el mando de todas las fuerzas terrestres, navales, aéreas y conjuntas.

Con esta autoridad lo que se busca es lograr una gestión eficiente de las fuerzas, particularmente en caso de guerra, por la importancia que asume en esa situación que exista total coordinación entre las ramas y que puedan tomarse decisiones en forma rápida y unificada. Esto es, además, consecuencia de los cambios que han experimentado las FFAA en las últimas décadas, donde han adquirido un rol central la preparación profesional de sus contingentes y la actualización tecnológica de su equipamiento.

El cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto queda, en todo caso, bajo la autoridad del Presidente de la República, que en caso de guerra es el jefe supremo de las FFAA de acuerdo a la Constitución. Es importante remarcar este punto, desde la perspectiva que en todo caso la máxima autoridad del país mantiene la responsabilidad de la conducción de las FFAA.

Desafortunadamente, en el texto legal quedaron vacíos y errores en la regulación de este importante cargo. De manera inexplicable, no se define el período durante el cual el JEMC debe ejercerlo (ha trascendido que el gobierno enviará en marzo un artículo para suplir este punto). También tiene el mismo rango de quien le sigue en autoridad -quien debe ser oficial de otra rama- lo que se presta para obvios problemas de jerarquía.

El hecho de que en lo grueso esta iniciativa haya contado con un amplio consenso para su aprobación es ilustrativo de la importancia que se asigna a que las FFAA cuenten con una institucionalidad que les permita cumplir con sus tareas en forma técnica y profesional.

El desafío ahora es que estos cambios se traduzcan en una gestión eficiente de los recursos humanos y materiales con los que cuentan las FFAA.

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Fuente: La Tercera

Señor director:

El martes pasado se cumplió una de las metas asignadas a la agenda de Defensa desde hace años: una nueva estructura para el Ministerio respectivo. Su promulgación permitirá que finalmente esta cartera asuma las tareas que, por tanto tiempo, no ha asumido, como la planificación y gestión integral.

Ahora, el peso de la prueba está en su ejecución y esta es una falencia que se apreció en la ceremonia del martes. No es menor que la ejecución de esta ley corresponda al nuevo gobierno, de modo que resulta incomprensible el apresuramiento en promulgarla, incluso a costa de dejar fuera de la ceremonia a importantes actores del sector y la política nacional.

Vinculado a lo anterior, las declaraciones del ministro Vidal son curiosas. Aprovechando una correcta presentación de los ejes de desarrollo administrativo de la cartera, pasó a llamar a un acuerdo para la aprobación de la ley de financiamiento por objetivos y plurianualidad de las FF.AA. Esto es correcto, pero en la práctica, un acuerdo anterior sobre la misma materia no fue respetado por el gobierno. El texto enviado hace unos meses al Congreso no pasa más allá de referencias que no aseguran un financiamiento distinto al de una base anual. Todas las observaciones que se hagan no alteran ese hecho, y si eso no es corregido, difícilmente nos encontraremos en una situación que haga aconsejable la derogación de la Ley Reservada del Cobre.

Fernando Wilson

Cientista político

Facultad de Artes Liberales UAI

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Fuente: La Tercera

Señor director:

La nueva ley que moderniza el Ministerio de Defensa representa el avance más notable en los últimos 100 años de la defensa nacional y crea los instrumentos y organización necesarios para recuperar la importancia política de la defensa, a través de las subsecretarías de Defensa y de las FF.AA., dando así término a una excesiva militarización de la política de defensa.

Para ello, la nueva estructura separa el desarrollo de la fuerza -que se mantiene en las instituciones militares- del empleo conjunto de la fuerza bajo el mando operativo del jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemc). Sin embargo, esta ley deberá ser perfeccionada, estableciendo un rango de cuatro estrellas para el Jemc, único grado que le permitirá desarrollar adecuadamente su función, tal como se ha probado en todos los conflictos recientes.

A esta reforma debemos agregar el cambio significativo de nuestra postura estratégica establecido en el Libro de la Defensa Nacional 2010, que incorpora como objetivo de la política de defensa y misión de las FF.AA. la legítima defensa a través de la cooperación internacional, relegando la histórica disuasión sólo a una visión estratégica.

Estos dos acontecimientos nos permiten concluir que por fin, después de 20 años de transición, hemos comenzado una nueva etapa de la defensa nacional, que nos posicionará adecuadamente frente a los desafíos sectoriales que pudiéramos enfrentar en los próximos años.

Eduardo Santos Muñoz

Analista de defensa

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